La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una sanción económica muy elevada por considerar que Open Bank no ha aplicado las medidas necesarias para asegurar los principios de protección de datos, ni suficientes medidas técnicas y organizativas que garantizaran un nivel adecuado de seguridad.

Y todo ello se ha debido a una reclamación interpuesta por un cliente al que se le solicitó información para dar cumplimiento a la legislación de prevención de blanqueo de capitales y al que se le ofreció exclusivamente el correo electrónico para remitir dicha información a la entidad bancaria, no tratándose del mejor método para ser enviada por cuanto la información a remitir era de un nivel superior que requiere mayor diligencia en su protección.

En su momento, Open Bank debió implementar algún mecanismo que acreditara la identidad de la persona que remite la información y que esta fuera subida e una zona privada, lo que sí puso la entidad a disposición de los clientes, a partir de octubre de 2022, mientras que los hechos denunciados tuvieron lugar en 2021.

No se trata de datos de nivel elevado, pero al tratarse de datos financieros deben adoptarse ciertas precauciones especiales.